Estado actual de la licitación oficial de obras en Cataluña
La Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña acaba de publicar su informe periódico sobre la licitación oficial de las obras en la Comunidad durante el primer trimestre del año 2017.
Se indica que la licitación de obras en Cataluña, a pesar de aumentar un 57%, continúa estancada durante el primer trimestre de este año. El importe alcanzado suma 289 millones de Euros lo que supone un aumento del 57% si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior (2016) que fue de 183 millones de Euros.
Sin embargo, también se señala lo siguiente: “Si tomamos como referencia la media trimestral, la licitación del primer trimestre actual es de un 14% inferior. Hay que recordar que después de la incipiente recuperación del 2013 y 2014, el 2015 (1.148, 8 millones de Euros) la licitación sufrió un retroceso del 34% y el 2016 (1.130,5 millones de Euros), del 2%, y un retroceso del 86% respecto del año 2008 (8.064,7 millones de Euros).
En el informe se hace una distribución de la licitación por Administraciones públicas. Así, la Administración General del Estado ha experimentado la disminución más significativa en la licitación, con una caída del 69% respecto del primer trimestre del 2016, o del 79% respecto de la media trimestral de los últimos tres años (90 millones de Euros), habiéndose publicado anuncios de solicitud de ofertas por un importe de 19 millones de Euros, incluyendo organismos con ingresos de explotación propios por el pago de los usuarios, como AENA-ENAIRE, ADIF, Autoridades Portuarias de Barcelona y Tarragona, Renfe y Correos.
En lo que respecta a la Generalitat, la licitación si ha aumentado un 156%, respecto del mismo trimestre del año anterior, si bien es solo un incremento del 2% si se tiene en cuenta la media de los últimos tres años (89 millones de Euros), siendo el total publicado de 91 millones de Euros.
En cambio, la Administración Local ha aumentado el volumen de licitación en un 103%, respecto del mismo período del año 2016, y un 14% por encima de la media trimestral de los últimos tres años (157 millones de Euros), convirtiéndose en el nivel administrativo más activo con 179 millones de Euros licitados, casi la mitad del total licitado.
En el ámbito de los servicios, la licitación durante el primer trimestre que se analiza ha retrocedido un 61% respecto el mismo periodo del año 2016 (con un total de 52 millones de Euros), siendo la caída más pronunciada la protagonizada por la Administración del Estado (-72%), seguida por la Administración Local (-60%) y la Generalitat (-43%). Según el informe, esta caiga se podría llegar a explicar por la falta de proyectos de mantenimiento o limpieza en este trimestre, que si se tuvieron en otros trimestres.
En el informe se llega a la conclusión de que las Administraciones públicas no están aprovechando el retorno económico y social que siempre genera toda obra y servicios públicos, gracias a sus efectos multiplicadores económicos y fiscales y el gran número de puestos de trabajo que llega a generar.
Con estos niveles tan bajos de actividad es muy difícil que las empresas especializadas en obra pública puedan hacer una aportación más positiva en la ocupación laboral. Es más, es muy posible que precisamente la falta de proyectos incida en las empresas que sobreviven a la larga crisis iniciada en el año 2008.
Por último, el informe hace una estimación sobre la licitación regular y recurrente que tendrían que llevar todas las Administraciones públicas en Cataluña, con relación al PIB, y tendrían que ser por valor entre 4.750 a 5.000 millones anuales (aproximadamente el 2,0-2,2 del PIB), aun considerando la estimación como muy conservadora si se tiene en cuenta que la media de los 28 países de la Unión Europea -durante el período 2002-2015- fue del 3,2 % del PIB.
El informe termina por recomendar que la inversión necesaria para conseguir los indicados objetivos tendría que hacerse con base a una planificación a medio y largo plazo de 10-15 años vista, con independencia de los periodos electorales evaluándose los proyectos según el criterio de costo/beneficio que aseguren su rentabilidad económica, social y ambiental.