La ley de contratos catalana

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Recientemente el Parlamento de Cataluña ha decidido iniciar la tramitación como ley del Real Decreto-Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes de contratación pública. Esta decisión fue tomada por mayoría de los grupos parlamentarios y después de rechazar una enmienda a la totalidad formulada por el grupo de Ciudadanos.

Como hemos tenido la oportunidad de indicar en otro artículo, España tiene pendiente de aprobar una nueva Ley de contratación pública al objeto de transponer las Directivas europeas sobre contratación pública de cuarta generación. Sabemos que, con independencia de dicha transposición, las indicadas Directivas son de efecto directo en lo referente a las disposiciones de contenido claro, preciso e incondicional que no requerirían la adopción de ninguna medida complementaria.

Pues bien, Cataluña decidió no esperar a que se aprobase la tan esperada Ley estatal y pasó a impulsar su propia regulación en la materia con el fin de que todas sus administraciones públicas pudieran aplicar aquellos aspectos de las nuevas Directivas de contratación pública que tienen el indicado efecto directo, o que resulten imperativas de suerte que puedan ser invocados ante los tribunales por los ciudadanos y por las empresas radicadas, o que trabajen en aquella región.

La aprobación de una Ley de contratos propia en Cataluña puede devenir en un conflicto de competencias puesto que, como hemos reiterado, todavía no ha entrado en vigor una Ley estatal que trasponga aquellas Directivas. Ley estatal es de carácter básica para todas las Administraciones Públicas de España, incluida las de Cataluña.

En materia de contratación pública el Estado tiene la competencia sobre legislación básica y las Comunidades Autónomas sobre su desarrollo legislativo. Que Cataluña haya tomado la decisión de aprobar una Ley sin tener en cuenta la futura ley básica estatal no deja de generar dudas de interpretación constitucional.

En todo caso es preciso el señalar que el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006 contempla la previsión del artículo 189.3 en virtud del cual se le permite aplicar directamente la normativa europea que sustituya la legislación básica estatal. Es de presumir que cuando se apruebe definitivamente la Ley de contratos estatal, la normativa catalana que estamos comentando tendrá que adaptarse a la ley estatal básica.

Señalar, por último, que la Ley de Contratos de Cataluña incorpora aquellos valores que se quieren sustentar en las nuevas Directivas europeas de cuarta generación: la sostenibilidad, la responsabilidad social, el apoyo a la pequeña y mediana empresa y la innovación.

Todo ello representa un cambio de modelo en la contratación pública pues, hasta el momento, lo principal era la eficiencia y el precio como criterios nucleares en todos los procesos de selección. En cambio, estas nuevas Directivas proponen el paradigma diseñado en la denominada Estrategia 2020 defensora de aquellos nuevos valores relacionados con el crecimiento inteligente, integrador y sostenible.

A partir de este momento se insiste, en los procesos de selección se tendrán en cuenta otros factores de valor añadido en la compra de bienes y servicios tales como el fomento de clausulas sociales, ambientales, etc. Pero también se pretenderá promocionar a la pequeña y mediana empresa en la adjudicación de los contratos.

Todo ello hace que Cataluña sea la pionera en aplicar normativamente aquellos nuevos valores y criterios que se pretenden promocionar desde las instancias europeas y tal consideración hace que desde estas líneas manifestemos nuestro deseo de que los mismos principios se extiendan lo antes posible al conjunto de los ciudadanos españoles, tan pronto se de la luz verde a la nueva Ley de contratos de ámbito estatal.

La obra pública sigue cayendo a mínimos históricos

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En “Infoconcurso” queremos tener a nuestros clientes al corriente de los distintos estudios periódicos de coyuntura sobre el estado presente de los concursos públicos.

El último de los informes emitidos pertenece a la patronal de las más importantes constructoras del país, SEOPAN, que nos indica un fuerte desplome en el primer trimestre de año 2017 de las licitaciones.

En efecto, en estos tres primeros meses del año tan sólo se han sacado a concurso nuevas obras del AVE por valor de 17, 31 millones de euros a diferencia de los 57,32 millones de euros de hace un año (que ya llevaba un descenso).

En el informe se señala que la licitación de obra pública en el conjunto de las distintas administraciones públicas ha descendido hasta un 4,9% en el trimestre pasado, hasta alcanzar 2.019,97 millones de euros, lastrada por el descenso en picado del 69% en los nuevos trabajos en las líneas AVE de suerte que en ese período sólo se han sacado a concurso nuevas obras de Alta Velocidad por valor de 17, 31 millones de euros (frente a los 57,32 millones del año anterior).

Lo cierto, como se señala en el estudio, es que existe un bloqueo en unos 66 contratos destinados a distintos corredores del AVE, y que ahora tanto el Ministerio de Fomento como ADIF van a intentar desbloquear. Al mismo tiempo los ajustes presupuestarios del pasado año 2016 para alcanzar el objetivo de déficit también han ayudado a determinar las magras magnitudes inversoras, igualmente teniendo en cuenta que estamos en un momento de transición en tanto no sean aprobados los presupuestos generales para el año 2017.

La bajada de los concursos realizada por el Ministerio del ramo -como máximo órgano inversor a nivel estatal- se traduce, en cifras, en un descenso de la licitación total de obras hasta el mes de marzo hasta un 72,4%, que sumaron 278,87 millones de euros, frente a los 1.008, 8 millones de euros del mismo período del año anterior.

Paralelamente en materia de carreteras, el Ministerio de Fomento no ha sacado a concurso ni un solo contrato, ni a través de la Dirección General de Carreteras ni a través de SEITTSA.

Por último, y para rematar el análisis del informe que nos ocupa, las obras promovidas por AENA y Puertos del Estado -entidades que se autofinancian- han descendido un 16,7% (166,7 millones de euros) y un 61,5% (80,29 millones de euros).

Desde aquí queremos hacer un llamamiento a los distintos organismos públicos para que se “pongan las pilas” y empiecen a licitar las obras de infraestructuras necesarias para seguir manteniendo el nivel competitivo tan necesario para el desarrollo de nuestro país.

La obsolescencia de alguna de aquellas infraestructuras está empezando a resultar incluso un peligro para la seguridad de nuestros ciudadanos y además está laminando la incipiente salida de la crisis. Y ambas cuestiones resultan de suma importancia.

El “acuerdo marco” en la contratación pública

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1º.-Definición del Acuerdo Marco

El acuerdo marco es una forma de racionalización técnica de la contratación regulado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) -en lo sucesivo LCSP-.

Consiste en la celebración de un acuerdo con uno o varios empresarios con el fin de determinar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que se pretendan adjudicar por el órgano de contratación durante un periodo de tiempo determinado.

Se trata de establecer previamente una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos basados en ese acuerdo marco.

Según la mencionada ley contractual, esta forma de contratación no debe de hacerse de forma generalizada o de manera que la libre competencia se vea obstaculizada, restringida y/o falseada.

Por eso, una vez celebrado el acuerdo marco, los órganos y/o organismos que necesiten determinados servicios o suministros seleccionarán -dentro de un catalogo o mediante una nueva licitación-, la empresa participante en el acuerdo marco cuyos productos o servicios puedan satisfacer las necesidades que concretamente se precisen en aquel momento.

Una vez adjudicado se firmará, entre el organismo y/o órgano correspondiente y la empresa adjudicataria, un contrato basado (a veces recibe esta denominación precisamente porque dicho contrato se basa en el acuerdo marco previamente suscrito).

La duración del acuerdo marco no podrá exceder normalmente de los cuatro años, salvo casos muy excepcionales que en todo caso habrá que motivar de manera suficiente.

Para la celebración de un acuerdo marco no existen especialidades en cuanto a la preparación del expediente administrativo correspondiente, anuncio en el perfil del contratante del órgano de contratación así como la necesidad de publicarse en el BOE o Boletines Oficiales de las CCAA dentro de un plazo de 48 días de antelación.

Para el caso de que se pretendan adjudicar contratos sujetos a regulación armonizada mediante estos acuerdos marco, resulta de obligación que en el plazo de 48 horas desde la celebración del acuerdo marco se remita al Diario Oficial de la Unión Europea el correspondiente anuncio (lógicamente en este supuesto además del correspondiente anuncio en el BOE).

2º.-Limites

Los términos del acuerdo marco son los que determinan las limitaciones en la adjudicación de los contratos basados en aquél. En este sentido cabe indicar:

a) Solo cabe adjudicar un contrato objeto de un acuerdo marco a algunas de las empresas que previamente hayan firmado aquel acuerdo.

b) No caben introducir modificaciones en el contrato en relación a los que hayan sido fijados al celebrar el acuerdo marco. No puede haber disparidad entre el acuerdo marco y el contrato basado en aquél.

3º.-Tipos de Acuerdos Marco

Se puede decir que existen dos tipos de acuerdos marco:

a) Aquellos que no tienen todos los términos y condiciones de los contratos fijados en el acuerdo marco: en cuyo caso habrá de hacerse una segunda licitación entre las empresas que forman parte del mismo.

b) Aquellos en que si tienen todos los términos o condiciones de los contratos fijados en el propio acuerdo marco: no siendo en este supuesto necesario una segunda licitación.

Lógicamente, esta segunda licitación dependerá de si el acuerdo marco se hubiese celebrado con un empresario o con varios. Si es con un empresario no tendrá ningún sentido celebrar una nueva licitación siendo esta más factible cuando son varios los empresarios que han suscrito el acuerdo marco.

Cuando se trate de adjudicar un contrato de regulación armonizada, el proceso consistirá siempre en consultar primero a todas las empresas que se muestran capaces de ejecutarlo. No así los contratos no armonizados en los que el órgano de contratación tan solo llamará a alguna de ellas con tal de que sean como mínimo tres.

Las ofertas se han de formular por escrito.

Al margen del anterior procedimiento, el órgano de contratación puede optar por utilizar una subasta electrónica.

4º.-Ejemplos de contratación mediante Acuerdos Marco

Aquí sólo vamos a relacionar ejemplos de contratación mediante acuerdos marco:

-Adquisición de vehículos por la Administración

-Servicios de alojamiento

-Adquisición de equipos y software de comunicaciones

-Combustibles en estaciones de servicio

-Suministros de papel.

-Electricidad.

-Material de oficina, etc.

Hemos querido ilustrar aquí, de manera siquiera muy breve, como se articula jurídicamente esta vía reconocida por la LCSP y que es la figura del acuerdo marco como el mejor instrumento de racionalización técnica de los contratos.

Ello sin perjuicio de que, como ya se conoce, “Infoconcurso” tiene implantada una asistencia jurídica para que sus clientes reciban el asesoramiento legal sobre la presente cuestión que nos ocupa.

Publicidad y transparencia en la contratación pública

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Las principales Directivas europeas sobre contratación pública establecen el principio de transparencia fundamentado en las libertades que forman la esencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir: libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios.

Dichas Directivas establecen la regulación de los llamados contratos armonizados -aquellos contratos típicos que superan un umbral determinado-, sin embargo aquél señalado principio de transparencia también es de aplicación al resto de los contratos públicos.

Por tanto, el de la transparencia es un principio que alcanza a todo contrato público y, al mismo tiempo, se aplica a lo largo de sus distintas fases: preparación, licitación, adjudicación, ejecución y extinción.

Es un principio que se encuentra relacionado con los principios de igualdad y no discriminación de los licitadores de suerte que todos ellos han de disponer de las mismas oportunidades cuando se trata de formular sus ofertas sin arbitrariedad ni favoritismo.

Por lo mismo no estamos ante un principio meramente formal sino que lo que en realidad trata, es de generar una mayor competencia entre empresas y, por lo mismo, una mayor eficacia y eficiencia en la contratación pública.

En efecto, la promoción de la concurrencia no hace sino facilitar la protección frente a la arbitrariedad beneficiando con ello la eficiencia de los fondos públicos. Al mismo tiempo, la transparencia supone también favorecer la lucha a favor de la integridad de los poderes públicos y promover el combate de la corrupción.

Como hemos dicho, el principio de la transparencia se encuentra regulado en las Directivas comunitarias de contratación. Pero también en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) –en lo sucesivo TRLCSP-.

Para empezar, tenemos el importantísimo artículo 1 (objeto y finalidad) del TRLCSP que señala:

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control de gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa…..”.

Al mismo tiempo, señala el artículo 139 del mismo texto legal:

Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia”.

Estas dos manifestaciones contundentes a favor de la transparencia tienen su plasmación concreta en otros artículos de la misma ley contractual, en cuanto se refieren a las obligaciones de publicidad: artículo 141, relativo a los asuntos previos; artículos 142, 177, 181 y 200 relativos a los anuncios en la licitación; artículos 62, 65 y 146 que se refieren al contenido de los citados anuncios y de los pliegos, en lo tocante por ejemplo a la indicación de los requisitos de solvencia y previos; publicidad en los criterios de adjudicación y de selección en los supuestos del procedimiento restringido (artículos 150 y 163); publicidad en los aspectos económicos y técnicos que serán objeto de negociación en los procedimientos negociados (artículo 176); sobre la publicidad: en las variantes y mejoras, adjudicación de subasta electrónica, exigencia de condiciones especiales de ejecución, previsión de modificación de los contratos, sobre subcontratación…etc.

La normativa también exige que la composición, y los actos de la Mesa de contratación y la comisión de expertos, sean bajo el principio de publicidad.

Por último, la manifestación más patente de la publicidad y la transparencia la constituye la creación en su día del llamado Perfil del contratante. Este nuevo sistema de publicidad creado a través de internet es el que permite a los órganos de contratación difundir toda la información relativa a su actividad contractual. Desde luego, estos Perfiles del contratante, al poner a disposición de los licitadores toda la información necesaria de manera gratuita y accesible, facilita y promueve la libre concurrencia.

En fin, hemos querido repasar muy someramente la normativa en materia de publicidad y transparencia en la contratación pública porque se trata de una temática de mucha importancia siendo su incumplimiento la causa de no pocos litigios y controversias. Poniendo en valor estos principios se logrará que los concursos se celebren de una manera más limpia y más respetuosa con la libertad de las empresas.

¿Qué hacer con las autopistas en quiebra?

Highway at sunset. Top view

El Ministro de Fomento, D. Iñigo de la Serna, ha manifestado recientemente que su ministerio no piensa quedarse con las autopistas que se encuentran en quiebra -recordemos, entre otras, las célebres radiales de Madrid-, y que se van a tener que rescatar.

Al parecer la idea es rescatar las concesiones de dichas autopistas para después sacarlas a concurso para volver a ceder su explotación a empresas privadas dado que, en la actualidad, se consideran del todo viables si se les suprime la “mochila” de la deuda que soportan.

El Ministerio de Fomento es titular de la empresa pública SEITTSA, que es la encargada de tener todo preparado para cuando tenga que quedarse con las concesiones de las autopistas en dificultades, y abordar con ello su posterior licitación.

Con los recursos que obtenga Fomento a través de estas posteriores licitaciones, se podrá hacer frente a las indemnizaciones que habrá que abonar a las concesionarias actuales (Abertis, ACS, Sacyr, Aucosta, etc.) en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración.

No olvidemos que en los contratos que la Administración firmó en su día con tales concesionarias se insertó una cláusula de responsabilidad patrimonial para los casos en que la explotación de las autopistas fuera de todo punto inviable, como finalmente así ha ocurrido.

Sobre el importe de la indemnización a abonar a las concesionarias existe una gran discrepancia entre los cálculos del Ministerio de Fomento y los de la patronal de las constructoras SEOPAN. Así, el Ministerio considera que el importe ascendería a unos 3.000 millones euros mientras que la patronal ha calculado que tales costes han de ascender a unos 5.000 millones.

Por fortuna, este proceso está contando con una ayuda inesperada: la de los Tribunales de justicia. En efecto, una buena parte de los procesos de liquidación de las autopistas quebradas están siendo deliberadamente ralentizados por los Tribunales -por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid- y ello está permitiendo que el Ministerio goce de un cierto margen de maniobra para que la tramitación del rescate, y posterior licitación, permita que el proceso llegue a buen puerto desde un punto de vista del interés público.

En este sentido, se asegura por el Ministerio del ramo que existe alguno de los denominados “fondo buitre” interesado en adquirir alguna de las infraestructuras viarias en situación de quiebra.

Un elemento positivo a tener en cuenta es el aumento de tráfico que se está produciendo en estas autopistas. En efecto, y según la patronal SEOPAN, esta alza llega al 5,5%, del que un 3,8% corresponde a camiones.

Este aumento de tráfico también es debido al descenso en un 0,6% del precio medio de los peajes según las cifras del año 2016.

Cabe esperar que todo el proceso de rescate de las autopistas en quiebra tenga el menor impacto posible en las arcas del Estado pues, en definitiva, también se trata de que el bolsillo de los ciudadanos -que es quien finalmente paga la fiesta- quede lo menos perjudicado posible.

La arquitectura en el ámbito de la Contratación Pública: el caso de Cataluña

Hand over Construction plans with yellow helmet and drawing tools on blueprints

Como es conocido, el 28 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, y que persigue, entre otros aspectos, que la selección de la oferta más ventajosa en los procesos de licitación de los contratos públicos, y en la valoración de la relación calidad-precio, se pueda dar prioridad a la calidad o a consideraciones medioambientales y sociales.

En cumplimiento de tan loable objetivo se encuentra la llamada Ley de la Arquitectura de Cataluña, hoy en proceso avanzado de aprobación en el Parlamento catalán. En este sentido, en su Preámbulo, destacamos lo siguiente:

“…, la presente Ley, en el marco legislativo básico de contratos del sector público, minimiza la importancia de criterios económicos y apuesta decididamente por priorizar los aspectos cualitativos sobre el precio o coste de los concursos de ideas y la redacción de proyectos que se liciten.

De acuerdo con estos fundamentos, los objetivos de esta Ley son destacar y valorar el papel público de la arquitectura y del urbanismo y distinguirlos como fundamentos para el bienestar y la cohesión social, y como elementos constructores de la identidad del país, partiendo de la experiencia europea convenientemente adaptada a la realidad catalana. Asimismo, se establecen los mecanismos de contratación pública para impulsar la calidad arquitectónica”.

En definitiva, se señala que el objeto de la Ley es el de establecer medidas de fomento y de impulso de la arquitectura y el promover la calidad arquitectónica en la planificación urbanística, así como en la proyección y ejecución de las edificaciones y de la urbanización dentro de los espacios públicos pero excluyendo los trabajos de ingeniería civil que están regulados por la legislación de obra pública.

Interesa resaltar lo referente a la llamada “contratación de la creación arquitectónica”. Por lo pronto la creación arquitectónica se define como un proceso completo y complejo referido a:

La planificación, proyección y ejecución de espacios públicos que requiere un desarrollo pluridisciplinar y coherente con los requisitos que se exigen, de acuerdo con los objetivos y criterios de solución establecidos por el órgano de contratación del proceso de creación.

A este respecto, los sujetos obligados son los entes, organismos y entidades que integran el sector público de acuerdo a la legislación sobre contratación pública.

Y las modalidades de contratación serán:

a) Concurso de ideas de arquitectura

b) Contratación de servicios del proceso de creación arquitectónica que requieren un proyecto de edificación de nueva construcción, rehabilitación o reforma.

c) Contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra y concesión de construcción y explotación de la obra arquitectónica.

d) Contratación de la redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico y de los proyectos de urbanización.

La decisión definitiva de adjudicar el contrato correrá a cargo de los llamados jurados y comités de expertos. Decisión que tendrá que ser transparente y justificada publicándose el resultado en el Portal de la Transparencia y en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública.

No resulta necesario entrar en más detalles sobre el contenido del proyecto de Ley de la Arquitectura de Cataluña, pues sería extendernos en demasía en estas líneas. En todo caso, y para terminar, señalar la importancia del texto a través de las palabras escritas por el Decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Lluís Comeron, cuando significa que “Será un buen instrumento para afrontar los próximos años con la ilusión de seguir construyendo entre todos un país mejor”.

Y dejar constancia del impacto del citado texto legal en la contratación pública en lo referente a la planificación, proyección y ejecución de espacios públicos por parte del colectivo de los arquitectos catalanes.

La solvencia en los contratos con el Sector Público

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1) La solvencia

Para poder celebrar determinados contratos con el sector público, los empresarios han de acreditar unas condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica a determinar por el órgano de contratación.

En tales casos serán en el anuncio de licitación y en el pliego de clausulas particulares del contrato en donde se determinarán los criterios y mínimos de solvencia que debe reunir todo empresario para poder concurrir a la licitación.

Hay un determinado tipo de contratos -los de obra cuando el valor estimado sea igual o superior a 500.000 Euros-, en los que es requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Y esta clasificación es la que le permitirá acreditar la solvencia para contratar.

En los contratos de obra cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 Euros, el empresario podrá acreditar indistintamente la solvencia económica y financiera y profesional o técnica mediante su clasificación como contratista de obras (en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente) o bien acreditando dicha solvencia cumpliendo con los requisitos que al efecto se señalen en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará por los medios que reglamentariamente se establezcan en función del objeto, valor y naturaleza del contrato de que se trate.

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En tales casos, será en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato en donde se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional.

En este sentido, los pliegos pueden señalar uno o varios criterios para acreditar la solvencia por parte del empresario, a elección del órgano de contratación: a) volumen anual de los negocios de la empresa, b) en los casos en que resulte apropiado, justificante de un seguro de indemnización por los riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación; y c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos (último ejercicio), de la empresa. Etc.

Por último, la clasificación tampoco será exigible ni aplicable para los demás tipos de contrato. Y los requisitos específicos de solvencia se indicarán en el anuncio de licitación, o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato. Y, en tal sentido, podrán ser recogidos en los pliegos los mismos criterios indicados para acreditar la solvencia, por parte del empresario, en los contratos de servicios.

2) Los Registros Oficiales de licitadores y Empresas clasificadas

Muy brevemente indicar que la Ley de Contratos del Sector Público señala que el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado dependerá del Ministerio de Economía y Hacienda, y su llevanza corresponderá a los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.

Y que también las Comunidades Autónomas podrán crear sus propios Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas cuando lo estimen conveniente.

Las inscripciones de ambos Registros tendrán los mismos efectos acreditativos y eficacia plena frente a todos los órganos de contratación del Sector Público.

Pues bien, a los efectos que aquí nos interesan, en el Registro podrán constar, para cada empresa inscrita en el mismo: a) Los datos relativos a la solvencia económica y financiera, que se reflejarán de forma independiente si el empresario carece de clasificación; b) La clasificación obtenida, según los señalado más arriba, así como cuantas incidencias se produzcan durante la vigencia; en esta inscripción, y como elemento desagregado de la clasificación, si indicará la solvencia económica y financiera del empresario.

MUY IMPORTANTE: no está demás volver a informar a nuestros clientes que “Infoconcurso” ofrece un servicio de asesoría jurídica para resolver cualquier duda que tengan sobre esta y otras materias relacionadas con la contratación.

Lo social en la contratación administrativa

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El Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público contiene determinadas disposiciones que regulan clausulas sociales para los contratos públicos.

En efecto en su artículo 118 se señala que los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato bajo dos condiciones:

1ª.-Que las condiciones sean compatibles con el derecho comunitario, es decir por ejemplo que no sean generadoras de discriminación entre las empresas, etc.

2ª.-Que tales condiciones sean publicitadas en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato.

Pero, ¿a qué materias pueden referirse esas condiciones especiales de ejecución?.

Las condiciones de ejecución del contrato pueden referirse a consideraciones:

a) De tipo medioambiental.

b) De tipo social:

-Promoción de empleo de personas con dificultad para insertarse laboralmente (por ejemplo, personas con una determinada edad, etc.).

-Eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral señalado.

-Combatir el paro.

-Favorecer la formación en el lugar de trabajo, etc.

Cabe indicar que tanto en los pliegos que rigen el proceso de contratación como en el contrato se podrán establecer una penalización, en los términos señalados en el artículo 212.1 del citado TRLCSP:

1. Los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubieren establecido conforme a los artículos 62.2 y 118.1. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato”.

Pero también, las referidas condiciones especiales de ejecución pueden llegar a considerarse como obligaciones esenciales en el contrato cuyo incumplimiento en tal caso acarrearía la resolución del contrato, según el artículo 223.f) del TRLCSP al señalar:

Son causas de resolución del contrato: f) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato”.

En todo caso, y si el incumplimiento de estas condiciones no fuera tipificado como causa de resolución contractual, el mismo podrá ser considerado en los pliegos y/o en el contrato, en los términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave, a los efectos señalados en el artículo 60.2.c) del TRLCSP (Prohibiciones de contratar):

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 61 bis las siguientes: c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 118, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios”.

Para conocer la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia social (protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales aplicables a los trabajos y servicios objeto del contrato), el órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos que los candidatos y licitadores pueden acudir para obtenerla.

En este sentido, el órgano de contratación que facilite la indicada información solicitará a los licitadores o a los candidatos, en el procedimiento de adjudicación de contratos, que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las referidas obligaciones medio ambientales y sociales.

Por tanto aquellas condiciones especiales que, en materia social, se establezcan en el pliego y en el contrato serán de obligado cumplimiento para las empresas que pretendan licitar en un proceso de adjudicación de contratos administrativos.

Estado actual de la licitación oficial de obras en Cataluña

Business Team Conversion Talking about work after they go to conference. Business Concept.

La Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña acaba de publicar su informe periódico sobre la licitación oficial de las obras en la Comunidad durante el primer trimestre del año 2017.

Se indica que la licitación de obras en Cataluña, a pesar de aumentar un 57%, continúa estancada durante el primer trimestre de este año. El importe alcanzado suma 289 millones de Euros lo que supone un aumento del 57% si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior (2016) que fue de 183 millones de Euros.

Sin embargo, también se señala lo siguiente: “Si tomamos como referencia la media trimestral, la licitación del primer trimestre actual es de un 14% inferior. Hay que recordar que después de la incipiente recuperación del 2013 y 2014, el 2015 (1.148, 8 millones de Euros) la licitación sufrió un retroceso del 34% y el 2016 (1.130,5 millones de Euros), del 2%, y un retroceso del 86% respecto del año 2008 (8.064,7 millones de Euros).

En el informe se hace una distribución de la licitación por Administraciones públicas. Así, la Administración General del Estado ha experimentado la disminución más significativa en la licitación, con una caída del 69% respecto del primer trimestre del 2016, o del 79% respecto de la media trimestral de los últimos tres años (90 millones de Euros), habiéndose publicado anuncios de solicitud de ofertas por un importe de 19 millones de Euros, incluyendo organismos con ingresos de explotación propios por el pago de los usuarios, como AENA-ENAIRE, ADIF, Autoridades Portuarias de Barcelona y Tarragona, Renfe y Correos.

En lo que respecta a la Generalitat, la licitación si ha aumentado un 156%, respecto del mismo trimestre del año anterior, si bien es solo un incremento del 2% si se tiene en cuenta la media de los últimos tres años (89 millones de Euros), siendo el total publicado de 91 millones de Euros.

En cambio, la Administración Local ha aumentado el volumen de licitación en un 103%, respecto del mismo período del año 2016, y un 14% por encima de la media trimestral de los últimos tres años (157 millones de Euros), convirtiéndose en el nivel administrativo más activo con 179 millones de Euros licitados, casi la mitad del total licitado.

En el ámbito de los servicios, la licitación durante el primer trimestre que se analiza ha retrocedido un 61% respecto el mismo periodo del año 2016 (con un total de 52 millones de Euros), siendo la caída más pronunciada la protagonizada por la Administración del Estado (-72%), seguida por la Administración Local (-60%) y la Generalitat (-43%). Según el informe, esta caiga se podría llegar a explicar por la falta de proyectos de mantenimiento o limpieza en este trimestre, que si se tuvieron en otros trimestres.

En el informe se llega a la conclusión de que las Administraciones públicas no están aprovechando el retorno económico y social que siempre genera toda obra y servicios públicos, gracias a sus efectos multiplicadores económicos y fiscales y el gran número de puestos de trabajo que llega a generar.

Con estos niveles tan bajos de actividad es muy difícil que las empresas especializadas en obra pública puedan hacer una aportación más positiva en la ocupación laboral. Es más, es muy posible que precisamente la falta de proyectos incida en las empresas que sobreviven a la larga crisis iniciada en el año 2008.

Por último, el informe hace una estimación sobre la licitación regular y recurrente que tendrían que llevar todas las Administraciones públicas en Cataluña, con relación al PIB, y tendrían que ser por valor entre 4.750 a 5.000 millones anuales (aproximadamente el 2,0-2,2 del PIB), aun considerando la estimación como muy conservadora si se tiene en cuenta que la media de los 28 países de la Unión Europea -durante el período 2002-2015- fue del 3,2 % del PIB.

El informe termina por recomendar que la inversión necesaria para conseguir los indicados objetivos tendría que hacerse con base a una planificación a medio y largo plazo de 10-15 años vista, con independencia de los periodos electorales evaluándose los proyectos según el criterio de costo/beneficio que aseguren su rentabilidad económica, social y ambiental.