La ley de contratos catalana

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Recientemente el Parlamento de Cataluña ha decidido iniciar la tramitación como ley del Real Decreto-Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes de contratación pública. Esta decisión fue tomada por mayoría de los grupos parlamentarios y después de rechazar una enmienda a la totalidad formulada por el grupo de Ciudadanos.

Como hemos tenido la oportunidad de indicar en otro artículo, España tiene pendiente de aprobar una nueva Ley de contratación pública al objeto de transponer las Directivas europeas sobre contratación pública de cuarta generación. Sabemos que, con independencia de dicha transposición, las indicadas Directivas son de efecto directo en lo referente a las disposiciones de contenido claro, preciso e incondicional que no requerirían la adopción de ninguna medida complementaria.

Pues bien, Cataluña decidió no esperar a que se aprobase la tan esperada Ley estatal y pasó a impulsar su propia regulación en la materia con el fin de que todas sus administraciones públicas pudieran aplicar aquellos aspectos de las nuevas Directivas de contratación pública que tienen el indicado efecto directo, o que resulten imperativas de suerte que puedan ser invocados ante los tribunales por los ciudadanos y por las empresas radicadas, o que trabajen en aquella región.

La aprobación de una Ley de contratos propia en Cataluña puede devenir en un conflicto de competencias puesto que, como hemos reiterado, todavía no ha entrado en vigor una Ley estatal que trasponga aquellas Directivas. Ley estatal es de carácter básica para todas las Administraciones Públicas de España, incluida las de Cataluña.

En materia de contratación pública el Estado tiene la competencia sobre legislación básica y las Comunidades Autónomas sobre su desarrollo legislativo. Que Cataluña haya tomado la decisión de aprobar una Ley sin tener en cuenta la futura ley básica estatal no deja de generar dudas de interpretación constitucional.

En todo caso es preciso el señalar que el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006 contempla la previsión del artículo 189.3 en virtud del cual se le permite aplicar directamente la normativa europea que sustituya la legislación básica estatal. Es de presumir que cuando se apruebe definitivamente la Ley de contratos estatal, la normativa catalana que estamos comentando tendrá que adaptarse a la ley estatal básica.

Señalar, por último, que la Ley de Contratos de Cataluña incorpora aquellos valores que se quieren sustentar en las nuevas Directivas europeas de cuarta generación: la sostenibilidad, la responsabilidad social, el apoyo a la pequeña y mediana empresa y la innovación.

Todo ello representa un cambio de modelo en la contratación pública pues, hasta el momento, lo principal era la eficiencia y el precio como criterios nucleares en todos los procesos de selección. En cambio, estas nuevas Directivas proponen el paradigma diseñado en la denominada Estrategia 2020 defensora de aquellos nuevos valores relacionados con el crecimiento inteligente, integrador y sostenible.

A partir de este momento se insiste, en los procesos de selección se tendrán en cuenta otros factores de valor añadido en la compra de bienes y servicios tales como el fomento de clausulas sociales, ambientales, etc. Pero también se pretenderá promocionar a la pequeña y mediana empresa en la adjudicación de los contratos.

Todo ello hace que Cataluña sea la pionera en aplicar normativamente aquellos nuevos valores y criterios que se pretenden promocionar desde las instancias europeas y tal consideración hace que desde estas líneas manifestemos nuestro deseo de que los mismos principios se extiendan lo antes posible al conjunto de los ciudadanos españoles, tan pronto se de la luz verde a la nueva Ley de contratos de ámbito estatal.

La obra pública sigue cayendo a mínimos históricos

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En “Infoconcurso” queremos tener a nuestros clientes al corriente de los distintos estudios periódicos de coyuntura sobre el estado presente de los concursos públicos.

El último de los informes emitidos pertenece a la patronal de las más importantes constructoras del país, SEOPAN, que nos indica un fuerte desplome en el primer trimestre de año 2017 de las licitaciones.

En efecto, en estos tres primeros meses del año tan sólo se han sacado a concurso nuevas obras del AVE por valor de 17, 31 millones de euros a diferencia de los 57,32 millones de euros de hace un año (que ya llevaba un descenso).

En el informe se señala que la licitación de obra pública en el conjunto de las distintas administraciones públicas ha descendido hasta un 4,9% en el trimestre pasado, hasta alcanzar 2.019,97 millones de euros, lastrada por el descenso en picado del 69% en los nuevos trabajos en las líneas AVE de suerte que en ese período sólo se han sacado a concurso nuevas obras de Alta Velocidad por valor de 17, 31 millones de euros (frente a los 57,32 millones del año anterior).

Lo cierto, como se señala en el estudio, es que existe un bloqueo en unos 66 contratos destinados a distintos corredores del AVE, y que ahora tanto el Ministerio de Fomento como ADIF van a intentar desbloquear. Al mismo tiempo los ajustes presupuestarios del pasado año 2016 para alcanzar el objetivo de déficit también han ayudado a determinar las magras magnitudes inversoras, igualmente teniendo en cuenta que estamos en un momento de transición en tanto no sean aprobados los presupuestos generales para el año 2017.

La bajada de los concursos realizada por el Ministerio del ramo -como máximo órgano inversor a nivel estatal- se traduce, en cifras, en un descenso de la licitación total de obras hasta el mes de marzo hasta un 72,4%, que sumaron 278,87 millones de euros, frente a los 1.008, 8 millones de euros del mismo período del año anterior.

Paralelamente en materia de carreteras, el Ministerio de Fomento no ha sacado a concurso ni un solo contrato, ni a través de la Dirección General de Carreteras ni a través de SEITTSA.

Por último, y para rematar el análisis del informe que nos ocupa, las obras promovidas por AENA y Puertos del Estado -entidades que se autofinancian- han descendido un 16,7% (166,7 millones de euros) y un 61,5% (80,29 millones de euros).

Desde aquí queremos hacer un llamamiento a los distintos organismos públicos para que se “pongan las pilas” y empiecen a licitar las obras de infraestructuras necesarias para seguir manteniendo el nivel competitivo tan necesario para el desarrollo de nuestro país.

La obsolescencia de alguna de aquellas infraestructuras está empezando a resultar incluso un peligro para la seguridad de nuestros ciudadanos y además está laminando la incipiente salida de la crisis. Y ambas cuestiones resultan de suma importancia.

El “acuerdo marco” en la contratación pública

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1º.-Definición del Acuerdo Marco

El acuerdo marco es una forma de racionalización técnica de la contratación regulado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) -en lo sucesivo LCSP-.

Consiste en la celebración de un acuerdo con uno o varios empresarios con el fin de determinar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que se pretendan adjudicar por el órgano de contratación durante un periodo de tiempo determinado.

Se trata de establecer previamente una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos basados en ese acuerdo marco.

Según la mencionada ley contractual, esta forma de contratación no debe de hacerse de forma generalizada o de manera que la libre competencia se vea obstaculizada, restringida y/o falseada.

Por eso, una vez celebrado el acuerdo marco, los órganos y/o organismos que necesiten determinados servicios o suministros seleccionarán -dentro de un catalogo o mediante una nueva licitación-, la empresa participante en el acuerdo marco cuyos productos o servicios puedan satisfacer las necesidades que concretamente se precisen en aquel momento.

Una vez adjudicado se firmará, entre el organismo y/o órgano correspondiente y la empresa adjudicataria, un contrato basado (a veces recibe esta denominación precisamente porque dicho contrato se basa en el acuerdo marco previamente suscrito).

La duración del acuerdo marco no podrá exceder normalmente de los cuatro años, salvo casos muy excepcionales que en todo caso habrá que motivar de manera suficiente.

Para la celebración de un acuerdo marco no existen especialidades en cuanto a la preparación del expediente administrativo correspondiente, anuncio en el perfil del contratante del órgano de contratación así como la necesidad de publicarse en el BOE o Boletines Oficiales de las CCAA dentro de un plazo de 48 días de antelación.

Para el caso de que se pretendan adjudicar contratos sujetos a regulación armonizada mediante estos acuerdos marco, resulta de obligación que en el plazo de 48 horas desde la celebración del acuerdo marco se remita al Diario Oficial de la Unión Europea el correspondiente anuncio (lógicamente en este supuesto además del correspondiente anuncio en el BOE).

2º.-Limites

Los términos del acuerdo marco son los que determinan las limitaciones en la adjudicación de los contratos basados en aquél. En este sentido cabe indicar:

a) Solo cabe adjudicar un contrato objeto de un acuerdo marco a algunas de las empresas que previamente hayan firmado aquel acuerdo.

b) No caben introducir modificaciones en el contrato en relación a los que hayan sido fijados al celebrar el acuerdo marco. No puede haber disparidad entre el acuerdo marco y el contrato basado en aquél.

3º.-Tipos de Acuerdos Marco

Se puede decir que existen dos tipos de acuerdos marco:

a) Aquellos que no tienen todos los términos y condiciones de los contratos fijados en el acuerdo marco: en cuyo caso habrá de hacerse una segunda licitación entre las empresas que forman parte del mismo.

b) Aquellos en que si tienen todos los términos o condiciones de los contratos fijados en el propio acuerdo marco: no siendo en este supuesto necesario una segunda licitación.

Lógicamente, esta segunda licitación dependerá de si el acuerdo marco se hubiese celebrado con un empresario o con varios. Si es con un empresario no tendrá ningún sentido celebrar una nueva licitación siendo esta más factible cuando son varios los empresarios que han suscrito el acuerdo marco.

Cuando se trate de adjudicar un contrato de regulación armonizada, el proceso consistirá siempre en consultar primero a todas las empresas que se muestran capaces de ejecutarlo. No así los contratos no armonizados en los que el órgano de contratación tan solo llamará a alguna de ellas con tal de que sean como mínimo tres.

Las ofertas se han de formular por escrito.

Al margen del anterior procedimiento, el órgano de contratación puede optar por utilizar una subasta electrónica.

4º.-Ejemplos de contratación mediante Acuerdos Marco

Aquí sólo vamos a relacionar ejemplos de contratación mediante acuerdos marco:

-Adquisición de vehículos por la Administración

-Servicios de alojamiento

-Adquisición de equipos y software de comunicaciones

-Combustibles en estaciones de servicio

-Suministros de papel.

-Electricidad.

-Material de oficina, etc.

Hemos querido ilustrar aquí, de manera siquiera muy breve, como se articula jurídicamente esta vía reconocida por la LCSP y que es la figura del acuerdo marco como el mejor instrumento de racionalización técnica de los contratos.

Ello sin perjuicio de que, como ya se conoce, “Infoconcurso” tiene implantada una asistencia jurídica para que sus clientes reciban el asesoramiento legal sobre la presente cuestión que nos ocupa.

¿Qué hacer con las autopistas en quiebra?

Highway at sunset. Top view

El Ministro de Fomento, D. Iñigo de la Serna, ha manifestado recientemente que su ministerio no piensa quedarse con las autopistas que se encuentran en quiebra -recordemos, entre otras, las célebres radiales de Madrid-, y que se van a tener que rescatar.

Al parecer la idea es rescatar las concesiones de dichas autopistas para después sacarlas a concurso para volver a ceder su explotación a empresas privadas dado que, en la actualidad, se consideran del todo viables si se les suprime la “mochila” de la deuda que soportan.

El Ministerio de Fomento es titular de la empresa pública SEITTSA, que es la encargada de tener todo preparado para cuando tenga que quedarse con las concesiones de las autopistas en dificultades, y abordar con ello su posterior licitación.

Con los recursos que obtenga Fomento a través de estas posteriores licitaciones, se podrá hacer frente a las indemnizaciones que habrá que abonar a las concesionarias actuales (Abertis, ACS, Sacyr, Aucosta, etc.) en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración.

No olvidemos que en los contratos que la Administración firmó en su día con tales concesionarias se insertó una cláusula de responsabilidad patrimonial para los casos en que la explotación de las autopistas fuera de todo punto inviable, como finalmente así ha ocurrido.

Sobre el importe de la indemnización a abonar a las concesionarias existe una gran discrepancia entre los cálculos del Ministerio de Fomento y los de la patronal de las constructoras SEOPAN. Así, el Ministerio considera que el importe ascendería a unos 3.000 millones euros mientras que la patronal ha calculado que tales costes han de ascender a unos 5.000 millones.

Por fortuna, este proceso está contando con una ayuda inesperada: la de los Tribunales de justicia. En efecto, una buena parte de los procesos de liquidación de las autopistas quebradas están siendo deliberadamente ralentizados por los Tribunales -por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid- y ello está permitiendo que el Ministerio goce de un cierto margen de maniobra para que la tramitación del rescate, y posterior licitación, permita que el proceso llegue a buen puerto desde un punto de vista del interés público.

En este sentido, se asegura por el Ministerio del ramo que existe alguno de los denominados “fondo buitre” interesado en adquirir alguna de las infraestructuras viarias en situación de quiebra.

Un elemento positivo a tener en cuenta es el aumento de tráfico que se está produciendo en estas autopistas. En efecto, y según la patronal SEOPAN, esta alza llega al 5,5%, del que un 3,8% corresponde a camiones.

Este aumento de tráfico también es debido al descenso en un 0,6% del precio medio de los peajes según las cifras del año 2016.

Cabe esperar que todo el proceso de rescate de las autopistas en quiebra tenga el menor impacto posible en las arcas del Estado pues, en definitiva, también se trata de que el bolsillo de los ciudadanos -que es quien finalmente paga la fiesta- quede lo menos perjudicado posible.

Lo social en la contratación administrativa

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El Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público contiene determinadas disposiciones que regulan clausulas sociales para los contratos públicos.

En efecto en su artículo 118 se señala que los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato bajo dos condiciones:

1ª.-Que las condiciones sean compatibles con el derecho comunitario, es decir por ejemplo que no sean generadoras de discriminación entre las empresas, etc.

2ª.-Que tales condiciones sean publicitadas en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato.

Pero, ¿a qué materias pueden referirse esas condiciones especiales de ejecución?.

Las condiciones de ejecución del contrato pueden referirse a consideraciones:

a) De tipo medioambiental.

b) De tipo social:

-Promoción de empleo de personas con dificultad para insertarse laboralmente (por ejemplo, personas con una determinada edad, etc.).

-Eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral señalado.

-Combatir el paro.

-Favorecer la formación en el lugar de trabajo, etc.

Cabe indicar que tanto en los pliegos que rigen el proceso de contratación como en el contrato se podrán establecer una penalización, en los términos señalados en el artículo 212.1 del citado TRLCSP:

1. Los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubieren establecido conforme a los artículos 62.2 y 118.1. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato”.

Pero también, las referidas condiciones especiales de ejecución pueden llegar a considerarse como obligaciones esenciales en el contrato cuyo incumplimiento en tal caso acarrearía la resolución del contrato, según el artículo 223.f) del TRLCSP al señalar:

Son causas de resolución del contrato: f) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato”.

En todo caso, y si el incumplimiento de estas condiciones no fuera tipificado como causa de resolución contractual, el mismo podrá ser considerado en los pliegos y/o en el contrato, en los términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave, a los efectos señalados en el artículo 60.2.c) del TRLCSP (Prohibiciones de contratar):

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 61 bis las siguientes: c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 118, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios”.

Para conocer la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia social (protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales aplicables a los trabajos y servicios objeto del contrato), el órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos que los candidatos y licitadores pueden acudir para obtenerla.

En este sentido, el órgano de contratación que facilite la indicada información solicitará a los licitadores o a los candidatos, en el procedimiento de adjudicación de contratos, que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las referidas obligaciones medio ambientales y sociales.

Por tanto aquellas condiciones especiales que, en materia social, se establezcan en el pliego y en el contrato serán de obligado cumplimiento para las empresas que pretendan licitar en un proceso de adjudicación de contratos administrativos.

Estado actual de la licitación oficial de obras en Cataluña

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La Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña acaba de publicar su informe periódico sobre la licitación oficial de las obras en la Comunidad durante el primer trimestre del año 2017.

Se indica que la licitación de obras en Cataluña, a pesar de aumentar un 57%, continúa estancada durante el primer trimestre de este año. El importe alcanzado suma 289 millones de Euros lo que supone un aumento del 57% si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior (2016) que fue de 183 millones de Euros.

Sin embargo, también se señala lo siguiente: “Si tomamos como referencia la media trimestral, la licitación del primer trimestre actual es de un 14% inferior. Hay que recordar que después de la incipiente recuperación del 2013 y 2014, el 2015 (1.148, 8 millones de Euros) la licitación sufrió un retroceso del 34% y el 2016 (1.130,5 millones de Euros), del 2%, y un retroceso del 86% respecto del año 2008 (8.064,7 millones de Euros).

En el informe se hace una distribución de la licitación por Administraciones públicas. Así, la Administración General del Estado ha experimentado la disminución más significativa en la licitación, con una caída del 69% respecto del primer trimestre del 2016, o del 79% respecto de la media trimestral de los últimos tres años (90 millones de Euros), habiéndose publicado anuncios de solicitud de ofertas por un importe de 19 millones de Euros, incluyendo organismos con ingresos de explotación propios por el pago de los usuarios, como AENA-ENAIRE, ADIF, Autoridades Portuarias de Barcelona y Tarragona, Renfe y Correos.

En lo que respecta a la Generalitat, la licitación si ha aumentado un 156%, respecto del mismo trimestre del año anterior, si bien es solo un incremento del 2% si se tiene en cuenta la media de los últimos tres años (89 millones de Euros), siendo el total publicado de 91 millones de Euros.

En cambio, la Administración Local ha aumentado el volumen de licitación en un 103%, respecto del mismo período del año 2016, y un 14% por encima de la media trimestral de los últimos tres años (157 millones de Euros), convirtiéndose en el nivel administrativo más activo con 179 millones de Euros licitados, casi la mitad del total licitado.

En el ámbito de los servicios, la licitación durante el primer trimestre que se analiza ha retrocedido un 61% respecto el mismo periodo del año 2016 (con un total de 52 millones de Euros), siendo la caída más pronunciada la protagonizada por la Administración del Estado (-72%), seguida por la Administración Local (-60%) y la Generalitat (-43%). Según el informe, esta caiga se podría llegar a explicar por la falta de proyectos de mantenimiento o limpieza en este trimestre, que si se tuvieron en otros trimestres.

En el informe se llega a la conclusión de que las Administraciones públicas no están aprovechando el retorno económico y social que siempre genera toda obra y servicios públicos, gracias a sus efectos multiplicadores económicos y fiscales y el gran número de puestos de trabajo que llega a generar.

Con estos niveles tan bajos de actividad es muy difícil que las empresas especializadas en obra pública puedan hacer una aportación más positiva en la ocupación laboral. Es más, es muy posible que precisamente la falta de proyectos incida en las empresas que sobreviven a la larga crisis iniciada en el año 2008.

Por último, el informe hace una estimación sobre la licitación regular y recurrente que tendrían que llevar todas las Administraciones públicas en Cataluña, con relación al PIB, y tendrían que ser por valor entre 4.750 a 5.000 millones anuales (aproximadamente el 2,0-2,2 del PIB), aun considerando la estimación como muy conservadora si se tiene en cuenta que la media de los 28 países de la Unión Europea -durante el período 2002-2015- fue del 3,2 % del PIB.

El informe termina por recomendar que la inversión necesaria para conseguir los indicados objetivos tendría que hacerse con base a una planificación a medio y largo plazo de 10-15 años vista, con independencia de los periodos electorales evaluándose los proyectos según el criterio de costo/beneficio que aseguren su rentabilidad económica, social y ambiental.

Qué documentación se suele presentar en una licitación de un contrato de servicios de limpieza en edificios públicos

Nos interesa mucho tener informados a los clientes de “Infoconcurso” sobre todo lo referente a los requisitos a cumplir en la licitación de cualquier contrato público.

En el presente artículo nos vamos a referir a un supuesto de licitación de un contrato de servicios de limpieza en un edificio público y por el procedimiento abierto.

Por supuesto aquí necesariamente solo podemos referirnos genéricamente a la cuestión, dado que para los casos concretos tendremos que acudir al anuncio de licitación.

En este sentido, en el perfil del contratante de la Administración que corresponda se ofrecerá la información a la convocatoria de la licitación del contrato con los pliegos de clausulas administrativas particulares y demás documentación complementaria y necesaria al efecto.

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1) Presentación de proposiciones

Lo primero a tener en cuenta es que cada licitador tan sólo podrá presentar una proposición. Esto significa que tampoco podrá suscribir ninguna proposición en UTE con otros empresarios si ya lo hace individualmente o figurar en más de una UTE.

La vulneración del citado criterio dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

Al mismo tiempo, se suele señalar que la sola presentación de las proposiciones supone la aceptación sin condiciones por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin ninguna salvedad y/o reserva.

2) Forma y contenido de las proposiciones

Por lo general, las proposiciones deberán constar de tres (3) sobres, que deberán presentarse cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo de figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o la razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En el interior de cada sobre se deberá hacer constancia de una relación numérica de los documentos que contienen.

Los tres (3) sobres serán:

-SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

-SOBRE B: DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

-SOBRE C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

En cuanto al SOBRE A (Documentación Administrativa) generalmente se incluirán los siguientes documentos que acrediten:

-La Capacidad de obrar:

a) Si es persona jurídica a través de la Escritura o documento de constitución, los estatutos y el acta fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, etc. Debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Con original o copia compulsada del Código de Identificación Fiscal (CIF).

b) Si es empresario individual o autónomo, deberá acompañar el DNI por fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

c) En el caso de que en el Pliego se exija al licitador para que acredite una habilitación empresarial concreta deberá aportar los documentos que se le exijan al respecto.

-El bastanteo de poderes:

Es posible que se comparezca y firmen las proposiciones a nombre de otro y/o en representación de una persona jurídica. En ese caso tendrá que aportar la escritura de poder debidamente bastanteada por el funcionario que se designe en la convocatoria. Los bastanteos, según la normativa correspondiente, suele sujetarse -como requisito ineludible- a una tasa que debe autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación.

-Declaración responsable –conforme a un modelo concreto- de no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración y de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con la Administración.

-Acreditación de la coincidencia entre el objeto social de la persona jurídica licitadora -fijada en sus estatutos sociales-, con las prestaciones que son objeto del contrato.

-Solvencia económica, financiera y técnica o profesional:

Se acredita mediante la presentación de un certificado en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la clasificación exigida en el Pliego correspondiente.

En el caso de que la empresa se encuentre pendiente de clasificar, deberá presentar el documento acreditativo de haber presentado la solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

Los licitadores podrán acreditar su solvencia a través de la solvencia y medios de otras entidades vinculadas a ellos, siempre que se pruebe que para la buena ejecución del contrato se dispone de los suficientes medios para llevarlo a término.

-Uniones temporales de empresarios (UTE):

En la fases previa a la adjudicación, las UTEs tendrán que presentar -todos y cada uno de los empresarios que forman parte de ella- la documentación indicada así como un escrito de compromiso relativo a los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno, etc. firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la UTE, se acumularán las características acreditadas por cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en el artículo 52 del Reglamento General de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas.

-Registro de Licitadores:

La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la Administración de que se trate eximirá a los licitadores inscritos de presentar la documentación relativa a la capacidad de obrar, bastanteo de poder y la declaración de no encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar del artículo 60 TRLCSP.

Junto al certificado hay que presentar una declaración responsable de estar vigentes los datos contenidos en el citado Registro.

-Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación:

En los Pliegos de cláusulas puede que se señale cierta preferencia en la adjudicación a aquellas empresas en la que trabajen un número o porcentaje determinado de trabajadores minusválidos. Para acreditar tal circunstancia se tendrá que aportar los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.

-Garantía provisional:

En el pliego se puede exigir la constitución de una garantía provisional sobre un porcentaje determinado.

En cuanto al SOBRE B (Criterios no valorables en cifras o porcentajes) hace referencia a la documentación que acredite por ejemplo:

-Organización detallada de los edificios.

-Sistemas para controlar debidamente el servicio de limpieza

-La capacidad de respuesta que la empresa ofrece ante emergencias así como servicios extraordinarios a realizar (por ejemplo los sábados y los festivos, etc.).

-También los mecanismos que tiene establecidos la empresa licitadora para la limpieza determinada de objetos concretos en el edificio de que se trate (claraboyas, tragaluces, etc.).

Y en cuanto al SOBRE C (Documentación relativa a criterios valorables en cifras o porcentajes) se trata de hacer la oferta económica y las mejoras que pueden hacerse en el servicio de limpieza. Hay que tener en cuenta de que no se suelen admitir por principio ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que supongan impedir conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

Por último, una vez entregada la documentación será la Mesa de contratación quien la analizará y si observase defectos u omisiones subsanables concederá un plazo (generalmente máximo de 5 días) para que el licitador corrija o subsane o bien presenten aclaraciones y/o documentos complementarios.

Finalmente será la Mesa quien procederá en un acto público a hacer un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Y luego ya vendrá la adjudicación.

La obra pública en los presupuestos generales del estado

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Los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso 2017 han visto la luz y ahora toca analizar los grandes números. En nuestro blog vamos a intentar desgranar algunos datos referentes a la obra pública prevista por el Ministerio de Fomento para el citado año.

Por lo pronto un dato que nos parece preocupante: para el año 2017, Fomento tiene previsto invertir 8.969 millones de euros o lo que es lo mismo un 11,5% menos que en el 2016.

El presidente de la patronal constructora Seopan ha puesto el grito en el cielo al examinar las cifras indicando de que “Hay 2.000 millones menos para infraestructuras, y ello anticipa un panorama muy duro en 2017: no vamos a crear empleo”.

Idéntico parecer expresa el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) cuando manifiesta “a pesar de los buenos datos de ingresos y la expectativa de mayor crecimiento económico del esperado, la mejoría sigue sin tener reflejo en la inversión en obra pública, cosa que puede tener unos efectos muy negativos, tanto en la actividad económica como en el empleo”.

En el reparto de las cifras macroeconómicas, los ferrocarriles se llevan 4.471 millones, es decir el 49,9% del total de los fondos a invertir. El Ministerio del ramo pretende impulsar entre otras la línea Madrid-Galicia, el Corredor Mediterráneo (Barcelona-Tarragona-Castellón-Valencia-Alicante-Murcia), la Y vasca, la llegada de la alta velocidad a Extremadura, Asturias y el tramo entre Murcia y Almería.

Pero donde cunde un mayor desánimo en el sector es en el relativo a la inversión en carreteras. Aquí el recorte en el gasto alcanza el 11% con respecto a las cifras del año anterior. En este sentido el Ministerio invertirá 262 millones menos que en el 2016. El grueso de las inversiones irá destinado a las siguientes actuaciones: la autovía SE-40 de Sevilla, la A-12 del Camino de Santiago, la circunvalación exterior de Granada y el tramo de la A-68 entre Zaragoza y Pamplona.

Un dato que también preocupa, no solo al sector, es la escasa dotación inversora que irá destinada a la conservación de las carreteras que sufrirá un recorte calculado en unos 958 millones de euros. Esta partida resulta especialmente lacerante porque el mantenimiento en el firme de las carreteras viene sufriendo un deterioro visible desde hace muchos años y por tal causa se vienen multiplicando las cifras de muertos por accidente.

En cambio, la inversión en el sector aeroportuario sufre un importante incremento. La inversión en los aeropuertos sufre un notable aumento pues pasa de 609 millones de euros en el año 2016 a 809 millones de euros en el presente año 2017. Es decir, un 33% más. Los más importantes aeropuertos españoles serán sus principales beneficiarios: Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Palma, Santiago, Valencia, etc.

Y, por último, la inversión en los puertos ascenderá a 1.029 millones de euros, un 2,9% más que en el año anterior. El principal capítulo se lo llevan las obras de acceso a los puertos con una inversión de 227 millones de euros. Ello sin tener en cuenta la fuerte importancia inversora de los concesionarios privados quienes prevén invertir hasta unos 980 millones de euros.

En definitiva los Presupuestos de 2017 en materia de obra pública han sido calificados por los expertos como continuistas. Como siempre no contentan a ningún territorio salvo a Canarias que si ha mostrado una cierta satisfacción con el reparto de la tarta.

Al mismo tiempo, queremos señalar a nuestros lectores de “Infoconcurso” que las cifras hacen referencia solo a la obra pública que tiene previsto licitar la Administración estatal, luego quedan las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los demás entes públicos. Y al mismo tiempo que no sólo el conjunto de las Administraciones públicas licitan obra pública, sino que también son licitados los servicios, las concesiones y los suministros.

Unas medidas para mejorar la contratación pública

Close-up of unrecognizable business partners shaking hands after concluding of deal. Businessmen greeting each other. People making handshake after signing of contract. Business relationship concept

En “Infoconcurso” tenemos el decidido propósito de mantener informados a los clientes sobre la evolución que está experimentando el régimen jurídico de la contratación pública.

Con ocasión del proyecto de Ley de Contratación del Sector Público se están abriendo en cascada una serie de opiniones del sector para influir en la mejora del sistema. El volumen económico que representa la contratación pública, con respecto al PIB español, es lo suficientemente importante como para que colectivos que se sienten concernidos, vayan tomando posiciones por algunos aspectos del citado texto legal que consideran, según su criterio, mejorables.

Tal es el caso de las 25 medidas que han propuesto en conjunto la firma EY (Ernst & Young) y la patronal de las grandes constructoras SEOPAN para mejorar tanto el sistema como el marco legal de la contratación pública, y que se han publicado recientemente en el digital “El Economista”.

Básicamente las citadas medidas que ambos han remitido al Ministerio de Fomento tienen como principal finalidad el promover una mayor seguridad jurídica y transparencia en el proceso de licitación. Y al mismo tiempo mejorar las vías de lucha contra la corrupción, que tanto ha dañado a la imagen y a la credibilidad del sector que nos ocupa.

Pero vayamos a las citadas 25 medidas propuestas por el bufete EY y la entidad SEOPAN:

1.-La celebración de un Pacto de Estado por las infraestructuras que implique a todas las Administraciones Públicas.

2.-Realización de un Plan estratégico de infraestructuras a largo plazo.

3.-Este Plan ha de ser anualizado mediante la elaboración de una planificación anual, como se hace en Holanda y en Chile.

4.-Tanto en la elaboración del Plan estratégico como en su anualización sería necesario contar con la participación de expertos del sector y de la sociedad civil, como ocurre en Australia.

5.-Publicidad y comunicación de la planificación anual en materia de inversión en infraestructuras, como sucede en Chile.

6.-Existencia de un único portal de información sobre licitaciones y contratos en curso.

7.-Sistema realmente transparente a través de éste único portal en el que sea obligatorio que todos los órganos de contratación publiquen en tiempo real (en un plazo de cinco días) todos los documentos relevantes, con un responsable directo en la tarea.

8.-Aplicación de los estándares de información en esta publicidad establecidos en el Estándar de Datos para las contrataciones abiertas diseñado por el Open Contracting Partnenship.

9.-Crear un cuerpo normativo claro, sencillo y ordenado, aprovechando la transposición de las Directivas europeas de contratación pública que se halla en trámite parlamentario.

10.-Extender las funciones de la Oficina Nacional de Evaluación en todo lo relacionado con la contratación pública, incluidas las licitaciones de obras de elevado volumen. Ha de promover la adhesión de las comunidades autónomas y otras entidades, así como reunir en un único grupo de trabajo a representantes de las Administraciones y del sector privado y contar con un registro administrativo de expertos, entre otras cuestiones.

11.-Dotar con suficientes recursos la fase del proceso de contratación que permitan un estudio exhaustivo previo para evitar ineficiencias en las etapas posteriores del proyecto.

12.-Realización de un estudio justificado acerca de la modalidad de contrato a escoger.

13.-Realizar consultas preliminares al mercado con una fase previa a la convocatoria de la licitación.

14.-Redactar de forma adecuada el proyecto de obra, para lo que es necesario que esté dotado con suficientes recursos y plazo adecuado de elaboración.

15.-Empleo del sistema de precalificación para las obras de especial complejidad o elevado volumen.

16.-Revisar y especificar con mayor detalle los criterios de solvencia económica.

17.-Explicitar en los pliegos, en aras de la transparencia y la seguridad jurídica, los criterios de evaluación y los correspondientes subcriterios.

18.-Introducir otros criterios sujetos a la cualificación objetiva más allá del precio, como elementos relacionados con la innovación, cualificación, maquinaria, plazos de ejecución, etc.

19.-Homogeneizar la información a incorporar en los pliegos que regulan la licitación; limitar la extensión de las ofertas y estandarizar su contenido dentro de los requisitos del pliego; permitir el uso generalizado de la declaración responsable ya previsto en la norma e impulsar y promover mejoras y variantes del proyecto.

20.-Publicar la información sobre el resultado de la adjudicación una vez realizada.

21º.-Instituir un trámite de reducción máxima respecto del presupuesto base de licitación inferior al 25 por ciento, así como un porcentaje de dispersión máximo para el cálculo de la presunción de temeridad de 5 puntos porcentuales respecto de la baja media.

22.-Mantener en la transposición de la Directiva los mismos límites previstos en la misma para las modificaciones (hasta el 50 por ciento del presupuesto por cada actuación).

23.-Asegurar la continuidad de la ejecución de la obra en caso de controversia no resuelta.

24.-Implantar un sistema de arbitraje especializado y vinculante para los contratos de obra o de concesión de obra como en el Reino Unido y Holanda.

25.-Ampliar las funciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) a todas las fases del procedimiento.