Las próximas elecciones generales del 29 noviembre y contratación pública
I.-Introducción
Para el próximo día 29 de noviembre de 2026 hay convocadas en España unas elecciones generales. Desde que se convocan hasta que se llevan a cabo hay todo un proceso electoral en el cual se han de celebrar unos contratos públicos pertinentes para llevar a cabo los servicios imprescindibles para el desarrollo del indicado proceso. En el presente caso, el anuncio de la fecha de celebración de las elecciones generales se ha hecho con escaso tiempo antes con las dificultades que entraña para poner en marcha los distintos procesos de contratación. Los plazos electorales están marcados por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (en adelante, LOREG), que determina, en su artículo 42.2, que los decretos de convocatoria señalan la fecha de las elecciones, que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria.
Parte de las actuaciones en la organización de unas elecciones pueden ser atendidas a través de los recursos propios, pero otras requieren de la contratación pública de servicios y suministros.
Así, por poner un ejemplo, el órgano competente para celebrar los contratos vinculados al proceso electoral es el Ministerio del Interior si bien hay que añadir los que se realizan a nivel provincial por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
El Ministerio del Interior y las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno tienen que contratar, por ejemplo:
-Difusión provisional de resultados.
-Suministro de urnas de votación.
-Suministro de cabinas y soportes.
-Sobres electorales.
-Campañas institucionales.
-Impresos electorales y Manual miembros de Mesa.
-Kit material Mesas electorales.
-Kit voto accesible.
-Asistencias técnicas (aplicaciones de apoyo a la gestión del presupuesto y del material).
-Arrendamiento de espacios.
-Otros (acreditaciones, restauración, líneas telefónicas, seguro representantes de la Administración).
-Elaboración de papeletas y de actas.
-Contratos de transporte y montaje del material electoral, así como de su manipulado y empaquetado.
-Gestión de las dietas a los miembros de mesa.
-El traslado de miembros de mesa a los juzgados.
-El arrendamiento de máquinas reprográficas.
-El suministro de cajas para empaquetado, documentación electoral y la imprenta para el almacén.
-Ello sin perjuicio de los contratos que puedan celebrar otros órganos gestores, como el Instituto Nacional de Estadística.
II.-Trámites de contratación
Sabemos que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en lo sucesivo, LCSP) establece unos plazos ordinarios de los procedimientos de contratación que son de difícil o imposible aplicación cuando existe una premura temporal en los procesos electorales como el presente.
Ello dio motivo en su día a que desde la Subsecretaría del Ministerio del Interior plantease a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (en adelante, JCCPE) si para el caso de que la contratación necesaria para el desarrollo electoral no pudiera realizarse conforme a los plazos de los procedimientos previstos en la LCSP, sería ajustada a Derecho para garantizar el correcto desarrollo de dicho proceso la utilización de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la citada LCSP.
III.-Doctrina de la JCCPE
Como cualquier otra actividad de la Administración Pública, pero más en este caso, la utilización de la contratación de emergencia debe someterse a una serie de límites fundamentales. Señala que en esta concreta materia interesa destacar que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en lo sucesivo, TACRC) ha tenido ocasión de pronunciarse (Resolución 102/2017) acerca de los límites que han de ser respetados para la utilización del procedimiento de emergencia. La JCCPE considera que tal doctrina responde a la perfección a la intención del legislador y al mandato de la ley. En consecuencia, habrá que valorar si se ha producido el respeto a cada una de las condiciones establecidas por el TACRC. Son las siguientes:
A) Que concurra alguno de los supuestos que taxativamente establece la ley, sin que sea suficiente cualquier otra circunstancia que dé lugar a una situación de urgencia. La propia JCCPE señala que es posible enmarcar en unas elecciones generales el supuesto “De situaciones que supongan un grave peligro” no encajando, en cambio, con los otros supuestos de acontecimiento catastrófico ni con las necesidades de la defensa nacional.
B) Que no sea suficiente para resolver la situación la utilización de otros procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia. Esta circunstancia se revela fundamental en este caso de elecciones generales. La razón es que lo que en ningún caso sería congruente con la propia naturaleza del contrato público ni con el contenido de la ley sería que se pudiese hacer un uso abusivo de la tramitación de emergencia. La realidad de las cosas nos demuestra que, de hecho, este procedimiento no se ha empleado en ocasiones anteriores, de modo que únicamente podrá acudirse a esta opción cuando no quede otra. Como consecuencia de todo lo anterior debe quedar claro que si existe la posibilidad de tramitar de modo ordinario los contratos derivados de la convocatoria de elecciones, bien empleando el sistema de la división en lotes, bien acudiendo a algunos de los procedimientos establecidos en la ley (por ejemplo, el negociado sin publicidad por razones de imperiosa urgencia del artículo 168 b) 1), esta ha de ser la vía empleada por los órganos de contratación.
C) Que la emergencia sea apreciada por el órgano de contratación, quien se responsabiliza de motivar la concurrencia de una circunstancia excepcional y de acreditar su existencia.
D) Que la tramitación se limite a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de esa situación.
E) Que la causa de la emergencia no sea imputable al propio órgano de contratación, es decir, que la situación de emergencia no hubiera podido ser evitada por el órgano de contratación mediante una actuación diligente.
En definitiva, a juicio de la JCCPE es perfectamente ajustado a derecho el recurso al procedimiento de emergencia señalado en el mencionado artículo 120 de la LCSP, bajo el cumplimiento de los requisitos descritos anteriormente.
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