¿Cuándo podrá una administración adoptar el acuerdo de desistir en el procedimiento de contratación?
I.-Introducción En nuestro propósito de abordar cuestiones jurídicas de interés para nuestros clientes hoy abordamos un tema que suele plantearse con más frecuencia de la deseada en la medida de la inseguridad jurídica a que puede llegar a generar: el valor y el alcance del desistimiento de la Administración en un procedimiento de contratación. Tal decisión requiere de unos requisitos y de unos trámites necesarios a cumplir. Tales requisitos y trámites lo señalan la normativa aplicable que no es otra que la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en lo sucesivo, LCSP) y la doctrina en este caso dictada recientemente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante, TACRC). Veamos lo que señalan, sobre esta particular cuestión, las dos fuentes legal y jurisprudencial de que vamos hacer uso. En lo tocante a la jurisprudencia del TACRC se parte de un recurso especial en el que se impugna el acuerdo de desistimiento con base a la inexistencia de una infracción no subsanable de las normas de preparación o procedimiento de adjudicación del contrato. II.-Normativa aplicable Señala el artículo 152, apartado 4 de la LCSP lo siguiente: “4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación”. III.-Doctrina del TACRC Resolución 976/2025, de 5 de [...]
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