Los ayuntamientos se ponen las pilas
I.- Introducción Los ayuntamientos españoles tienen el decidido propósito de implantar de manera acelerada lo que constituyen las bases y presupuestos que han llevado a aprobar la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Recordemos a nuestros lectores que entre los propósitos de la nueva ley es servir de instrumento de políticas sociales manteniendo el binomio de eficacia y eficiencia en los recursos económicos de las Administraciones públicas. El Ayuntamiento de Pamplona, a modo de ejemplo, pretende buscar un modelo de contratación pública que sirva para integrar y potenciar los objetivos sociales, de suerte que los contratos de obra, servicios y suministros sirvan para fomentar la igualdad de género, el empleo de personas vulnerables, los derechos de las personas con cierta discapacidad, un empleo digno y de calidad, la economía circular, la responsabilidad social de las empresas, la cohesión social y territorial, y lleve a facilitar la contratación de Centros Especiales de empleo, empresas de inserción, entidades de economía social y finalmente PYMES y micro PYMES. A este respecto, en el año 2012 el citado consistorio navarro de manera pionera ya tenía marcados unos objetivos en una instrucción sobre “Eficiencia en la contratación pública municipal del Ayuntamiento de Pamplona”. En este sentido, se indicaba que con el fin de lograr la máxima eficiencia, transparencia y sostenibilidad en la contratación municipal del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos se dictaban 10 reglas tendentes al cumplimiento de dichos [...]
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