Plan de inversión en concesiones para la reconstrucción de la economía

Plan de inversión en concesiones para la reconstrucción de la economía

Plan de inversión en concesiones para la reconstrucción de la economía

I.-Introducción

La Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (en adelante CCIES) ha publicado en el mes de julio de 2020 un informe denominado “Plan de Inversión en Concesiones para la Reconstrucción de la Economía. Propuesta de Programas de Actuación Urgente en Vivienda, Infraestructuras, Equipamientos y Servicios, Claves en la Respuesta Social y Económica”.

Como quiera que desde INFOCONCURSO se suele ocupar de todas las cuestiones atinentes a la contratación pública vamos a abordar este informe de manera necesariamente resumida para que nuestros clientes y lectores tengan una versión panorámica de la propuesta formulada por el CCIES.

La gravísima e inesperada crisis de salud pública fruto dela Covid-19 está produciendo efectos muy negativos en la actividad productiva, en consecuencia, debe darse respuesta a una recesión sin precedentes. El impacto sobre los recursos públicos del Estado, como consecuencia de la reducción de la actividad económica y el aumento del gasto social, situará a las arcas públicas en una situación de precariedad, lo cual va a repercutir inevitablemente en nuestra sociedad, su estado de bienestar e incidirá negativamente en el futuro del país.

La crisis económica a la que nos enfrentamos no tiene precedentes en nuestra historia reciente. El banco Mundial augura la mayor caída del PIB mundial en 75 años, situando dicha reducción en un 5,2%, impactando de forma muy marcada a Europa con una contracción superior al 9%.

La Comisión Europea prevé que los países con mayor impacto sean aquellos en los que el turismo tiene un fuerte peso en su económica, es decir, Italia, España, gracia y Croacia. También Francia, a pesar del peso de su industria, deberá soportar una severa recesión.

Las cifras que se prevén para España son de lo más preocupante, ya que los pronósticos más optimistas sitúan la recesión en no menos de un 9%, mientras que los más pesimistas prevén incluso que llegue al 15%. Con la crisis del 2008, España contrajo su economía en 9 puntos en un período de 5 años (2009-2013), lo que significa que este año 2020 se producirá, en el mejor de los casos, una contracción equivalente a la de esos cinco años.

En esta crisis se ha de ser capaces de inventariar los retos y asignaturas pendientes como país y sociedad, y abordarlos sin apriorismos ideológicos, de manera que se conceda una respuesta contundente a esta situación y, a la vez, se respete el marco de actuación establecido por la Unión Europea.

II.-Ámbito del sector de la vivienda

Dice el informe que es imprescindible dar una respuesta a la imperiosa necesidad de promover un parque de vivienda asequible en régimen de alquiler, para corregir desajustes sociales fruto de la anterior crisis y permitir que los jóvenes afronten el futuro con esperanza. Asimismo, atendiendo a la pirámide demográfica muy marcada por la generación del “baby boom”, hay que organizarse también para garantizar la existencia de residencias para personas de la tercera edad.

El primer programa de inversión que se presenta es el relativo a la implementación de un nuevo modelo de inversión y gestión, destinado a la creación de un parque estable de viviendas en régimen de alquiler a precios regulados por la Administraciones Públicas, que se desarrollará mediante la fórmula de concesión, bajo la denominación de “Programa de Alquiler de Precio Regulado (PAPR)”.

El objetivo de este programa es facilitar el acceso a una vivienda digna para un amplio segmento de la población, considerando las distintas particularidades sociales y territoriales. Tal como prevé el artículo 47 de nuestra Constitución, este programa permitirá a los poderes públicos promover las condiciones que permitan una eficaz política de vivienda, coherente a su vez, con una política de estabilidad y crecimiento requerida por Europa.

Las claves del programa son las siguientes:

1. Construcción del parque sobre suelos de titularidad pública con medidas de protección compatibles con este tipo de usos.

2. Inversión y explotación del servicio de viviendas en alquiler mediante colaboración público-privada, en base a contratos de concesión y pago por uso.

3. Modelo financiero estrictamente privado, sin necesidad de apelar al erario público.

4. Intervención de las Administraciones Públicas en la regulación de precios, pudiendo beneficiar aquellos perfiles a áreas geográficas en función de las necesidades y de los objetivos de crecimiento. La regulación debe poder adaptarse a las diferentes necesidades que se producirán a lo largo de la vida de la concesión.

5. Disponer de un nuevo marco legal que, de modo transversal, supondrá tener que introducir una regulación ad-hoc en distintas áreas del ordenamiento jurídico: Urbanismo, Régimen de entidades locales, Fiscalidad, Ley Hipotecaria, Tasaciones, Arquitectura (Agenda 2030), Lay Ley de Contratos del Sector Público, Ley de patrimonio y Ley de Desindexación de la Economía española.

III.-Infraestructuras

Por lo que se refiere a las infraestructuras, el informe señala que se necesitan grandes inversiones para incorporar las nuevas tecnologías a las infraestructuras de movilidad y para establecer sistemas logísticos eficientes. Asimismo, es necesario acometer inversiones ineludibles en el ciclo del agua. En el caso de España, ésta última cuestión es sin duda una asignatura pendiente, como demuestran las sanciones de las que ha sido objeto por el incumplimiento de la legislación europea en materia de depuración.

La plena implementación de las nuevas tecnologías y la introducción de los objetivos de sostenibilidad en la planificación de nuestras infraestructuras correlaciona de forma coherente con el objetivo de cumplimiento de la Agenda 2030 y de la Europa Sostenible y su Pacto Verde Europeo.

Una diferencia notable con relación a la crisis del 2008, es el nivel de la inversión pública española. Mientras, en aquellos años, y hasta el 2010, esta inversión alcanzaba porcentajes significativos del PIB, superiores al 5% en el 2009, en la actualidad se sitúa en valores muy reducidos, alrededor del 2%. Esta acumulación del déficit inversor durante toda la década ha agravado los déficits estructurales y sociales en nuestro país.

La compleja situación financiera de la hacienda pública española, con un elevado nivel de endeudamiento y con un notable déficit presupuestario que, desgraciadamente, va a agravarse en los próximos meses, sumada a la indiscutible priorización del gasto dedicado a la atención sanitaria y social, imposibilita la movilización de dotaciones significativas destinadas a la inversión pública.

Por si todos estos factores no fueran suficientes, hay otro elemento que presiona contra la disponibilidad de recursos para afrontar las inversiones en vivienda, equipamientos e infraestructuras a los que se aludía: el importante volumen de infraestructuras de España que, en muchos ámbitos lidera los indicadores internacionales. El número de kilómetros de las vías de alta capacidad o de líneas ferroviarias de alta velocidad, como ejemplo.

Las necesidades de mantenimiento de estas infraestructuras requieren ingentes sumas que exceden las exiguas dotaciones presupuestarias disponibles. Además, muchas de estas infraestructuras exigen su renovación y adaptación a las actuales demandas del usuario, a los retos tecnológicos futuros, y por supuesto a los requerimientos de sostenibilidad. Se trata de una ecuación de imposible resolución sin contar con recursos complementarios a los de la hacienda pública. No es posible aplazar por más tiempo el reconocimiento de esta realidad por los gobernantes.

Desde INFOCONCURSO queremos informar a nuestros clientes y lectores de la existencia de un servicio jurídico de alta calidad para que puedan acudir con garantías de éxito a las licitaciones.

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