Principales novedades en la nueva ley de contratos del sector público (parte IV)

I.-Presentación

Continuando con el análisis de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en este artículo se abordará con carácter general la cuestión de la capacidad y la solvencia del empresario para contratar con el sector público.

A este respecto se mantiene la consideración de que solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica y profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas .

Es posible que una determinada normativa exija al contratista para poder licitar otros requisitos a cumplir relativos a la organización, destino de los beneficios, sistema por el que se financia u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación. Al mismo tiempo los contratistas deberán de contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible para el desempeño de las prestaciones que sean objeto del contrato.

Otro requisito importante a tener en cuenta es que las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuando las prestaciones a desempeñar se encuentren dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios .

II.-Capacidad

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

La nueva ley sigue manteniendo una serie de circunstancias que si concurren en alguna persona se les prohíbe contratar. Estas prohibiciones de contratar son, a nivel general, las siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, pertenencia a un grupo criminal, asociación ilícita, etc. La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada.

b) Haber sido sancionada con carácter de firme por infracción grave en materia profesional, en materia medioambiental o en materia social o laboral.

c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario , haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, etc.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social de acuerdo con la normativa vigente.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable dentro de los requisitos previos para contratar. Etc.

La prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa o cuando no pueda ser acreditada de esa forma se podrá sustituir por una declaración responsable otorgada por una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

III.-Solvencia y clasificación

En materia de solvencia se sigue manteniendo la exigencia doble de solvencia técnica o profesional y solvencia económico-financiera .

Serán los pliegos en cada licitación quienes señalen los requisitos de aquellas dos solvencias y modo de acreditarlas. Si en los pliegos no se concretaran los requisitos exigidos, habrá que ir a la Ley que nos ocupa en donde se recogen aquellos de manera pormenorizada en función de cada tipo contractual.

La solvencia se podrá acreditar mediante la clasificación de las empresas . Esta clasificación será obligatoria en los contratos de obras igual o superior a 500.000 Euros. La acreditación de la solvencia se hará en tales casos a través de un certificado emitido por el Registro de empresas clasificadas.

Como se ve, la nueva Ley sigue manteniendo prácticamente los mismos criterios sobre las cuestiones que hemos abordado en este artículo. Pero es necesario tratarlas porque lo que nos proponemos en puridad es el examinar todos los aspectos que regula la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Principales novedades en la nueva ley de contratos del sector público (parte IV)

Principales novedades en la nueva ley de contratos del sector público (parte IV)

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